Los cooperativistas de Fernández Villaverde: “Carmena ha cogido a 300 familias de rehenes para hacer política”

Los miembros de la cooperativa Residencial Maravillas han mostrado de forma pública su indignación con Manuela Carmena y el concejal de Urbajismo, José Manuel Calvo, por paralizar su proyecto, en el que cada familia ha invertido una media de 250.000 euros y generaría 1.400 empleos. Han dicho que el Ayuntamiento ha cogido a 300 familias como rehenes para hacer política y han acusado al Consistorio de querer situarles fuera de la ley.

Juan Andrés García y Juan Alonso Márquez, cooperativistas de Residencial Maravillas, han comparecido ante los medios para denunciar la situación en la que se encuentran. Han recordado la exigencia municipal de permitir el libre paso de los vecinos al patio interior privado o la cesión al Consistorio de locales para “redes locales”. A estos puntos, de los que ya informó OKDIARIO, se suma la reducción de las plazas de aparcamiento, en lo que ha cedido la cooperativa. Si en un principio había espacio par 1.450 vehículos, los cooperativistas aceptaron reducirlo hasta 990, a pesar de que los informes técnicos recomendaban no hacerlo.

La cooperativa es la propietaria de la manzana del antiguo en la manzana del antiguo Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA), pero todavía tiene que terminar de pagar un crédito pedido para poder abonar al Ministerio de Defensa el dinero de la compra de los terrenos en la Calle de Raimundo Fernández Villaverde.

García ha desmentido los mensajes que se envía desde el Ayuntamiento: «Hace poco, en una rueda de prensa que dio el 3 de mayo, Carmena comentaba que nuestro tema está resuelto. Y no, no está resuelto. No acaba más que empezar». El portavoz de los cooperativistas ha incidido en que se reúnen con técnicos, pero que el equipo de gobierno municipal no quiere atenderles: «Pedimos cita para comentárselo personalmente a Carmena y al concejal José Manuel Calvo y no hemos obtenido respuesta».

«Lo que queremos del Ayuntamiento es que se cumpla la ley»

Márquez, por su parte, ha dejado claro que los problemas no son de índole técnica:  «Coger a más de 300 familias de rehenes de la política, para ellos hacer política interior en los barrios con sus grupos, nos parece un poco fuerte. Nosotros hemos cumplido la ley. Lo que queremos de ellos es que se cumpla la ley, y que no nos tomen de rehenes, ni a nuestros ahorros ni a nuestras vidas, para conseguir ellos ciertas cosas y venderlas políticamente a sus votantes».

En este sentido, su compañero ya había apuntado: «Lo que nunca pensábamos que nos íbamos a encontrar es confundir la ley con la ideología». A esto ha añadido: «Lo que siempre hemos tratado de hacer y seguimos haciendo es seguir ciñéndonos a la ley».

Márquez tiene claro que las exigencias que planea el Ayuntamiento «son cosas que no pueden conseguir con la ley». Denuncia que el proyecto de su cooperativa «está estancado porque políticamente no se quiere hacer balanza, y se usa el factor tiempo. Al Ayuntamiento ese factor tiempo le influye muy poco, pero a nosotros, que somos personas que tenemos hijos de seis meses, sí nos influye bastante».

García, que ha dicho que «nos sentimos indefensos», también ha declarado: «Somos familias que queremos ver avanzar nuestro proyecto de vida. Y lo que nos encontramos es que parece que quieren convertirnos en fuera de la ley, porque lo que nos están pidiendo no se ajusta a lo que marca la normativa».

Su compañero ha apuntado: «Esto nos ha tocado a nosotros, pero no significa que no les vaya a tocar a otros. Porque la ley está para todos, y no cumplirla no es solamente no hacerlo con nosotros. Es una forma de no cumplir con otros».

Ambos han dado especial importancia a la exigencia de que permitan el uso público de las zonas privadas del patio interior. Han explicado que no se les reclama de forma directa «porque estarían infringiendo la ley, y lo que nos piden es que seamos nosotros los que lo propongan para poder ellos aceptarlo».

García ha dicho sobre la reclamación de uso público de ese patio: «Si accediéramos a eso podríamos estar incumpliendo la ley. Es algo que nos preocupa bastante, porque podría darse el caso de que llegásemos a una especie de negociación con ellos y luego nos pidieran algo que es ilegal sin nosotros saberlo». Por este motivo, han explicado, han contratado los servicios de un despacho de abogados.

“Y si ocurre algo a alguien en ese patio interior público”, se ha preguntado, “¿de quién es la responsabilidad? ¿De la cooperativa, de la comunidad de vecinos, del Ayuntamiento? ¿Quién tiene que vigilarlo? Hay una serie de elementos que la ley marca que es de uso privado”.

«Es muy fácil poner a disposición del público lo que es de otros»

García ha explicado que desde el Consistorio no han sido capaces de darles ningún argumento para justificar que permitan el uso público de esas zonas privadas. Ha añadido: “Público es una palabra que vende. Cuando es de los demás es muy fácil ponerlo a disposición del público y es algo que ahí está. No hay ningún criterio”.

También ha afirmado: “Lo que nos están pidiendo es un órdago a todo, y ‘si cedéis en todo avanzaremos, y si no lo hacéis estaremos esperando a que muráis de inanición’, porque económicamente no podemos aguantar. No somos una gran corporación con un músculo financiero para aguantar infinitamente. Cada día que pasa nos mata”.